La función pública abarca las categorías de personas que prestan servicios a la Federación, los Estados Federados, los municipios y otras corporaciones, instituciones y fundaciones de derecho público. El 30 de junio de 1997 formaban parte de la función pública un total de casi 5,2 millones de empleados públicos. 1,91 millones eran funcionarios, jueces y soldados (37,0 %), 2,48 millones empleados (47,9 %) y 0,78 millones trabajadores (15,1 %). El 10,2 % de los empleados públicos estaban adscritos a la Federación, el 46,5 % a los Estados Federados, el 32,6 % a las administraciones municipales, el 8,7 % a los servicos públicos mediatos y el 2,0 % al patrimonio ferroviario federal.

El 1 de julio de 1997 entró en vigor la «Ley de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública», encaminada a potenciar el factor del rendimiento en las modalidades de dotación de personal y asentar la competitividad y eficacia como referencias de la labor de la administración pública. La Ley fortalece el principio del rendimiento económico y mejora la movilidad. El margen de decisión del personal directivo se adecua a los parámetros modernos. La nueva normativa patentiza la viabilidad de un ajuste flexible conforme a las nuevas circunstancias y exigencias partiendo de las acreditadas normas constitucionales en materia de función pública.

La flexibilización de la jornada laboral reviste capital importancia a efectos de optimar la organización de la administración y el cumplimiento eficaz y responsable de sus tareas. La jornada laboral debe configurarse de tal manera que responda tanto a las exigencias del servicio como a las aspiraciones del personal. Por eso el Gobierno Federal siempre ha concedido especial atención al fomento del trabajo a tiempo parcial en el sistema de la función pública. El trabajo a tiempo parcial brinda nuevas oportunidades para compatibilizar el trabajo con la vida familiar. Al mismo tiempo también puede generar nuevas posibilidades de empleo. La función pública, donde la cuota del trabajo a tiempo parcial se sitúa en el 21,7 % (datos referidos a las corporaciones territoriales en 1997), asume un papel precursor frente al sector privado.

LOS GRUPOS DE INTERÉS. Entre las entidades que representan intereses materiales concretos de sus miembros frente al Estado y sus instituciones destacan las grandes agrupaciones y centrales de los trabajadores (sindicatos) y de los empleadores (asociaciones patronales), y también otras muchas organizaciones que persiguen fines profesionales, económicos o sociales. Por ejemplo, las mujeres, los propietarios de viviendas, los arrendatarios, los mutilados de guerra o los conductores tienen sus propias agrupaciones. También las minorías se organizan. Este tipo de entidades, que cuentan con plantillas de colaboradores profesionales, realizan diversas actividades de relaciones públicas para dar a conocer sus intereses.

Los conocimientos técnicos de muchas de ellas también pueden ser útiles por ejemplo a la hora de elaborar una nueva ley. Su influencia es significativa, pero sería exagerado afirmar que en Alemania existe algo así como un «poder de los grupos de presión».

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INICIATIVAS CIUDADANAS. Las iniciativas ciudadanas (coordinadoras, gestoras, etc.) son una forma relativamente nueva de asociacionismo; empezaron a funcionar a principios de los años setenta. En la mayoría de los casos agrupan a ciudadanos que tratan de poner fin a una irregularidad o reivindicar unos intereses que no consideran debidamente atendidos por las autoridades y los parlamentos. La mayoría de las iniciativas ciudadanas surgen de forma espontánea; suelen perseguir objetivos relacionados con aspectos de la vida cotidiana de sus miembros. Por ejemplo, un grupo puede organizarse para salvar árboles centenarios que están a punto de ser talados para construir una nueva carretera; o pedir más parques infantiles y espacios verdes o tratar de evitar la ampliación de un aeropuerto. Como es natural, la óptica y los propósitos de las iniciativas ciudadanas difieren de manera muy notable.

El Gobierno Federal saluda y apoya las actividades orientadas a acabar con situaciones irregulares en la sociedad y valora mucho la colaboración constructiva de los ciudadanos para solucionar los problemas existentes. La libertad de reunión es un derecho fundamental que permite a todos los alemanes organizar manifestaciones pacíficas y participar en ellas. De todos modos, la decisión final acerca de un proyecto controvertido corresponde a los gobiernos y parlamentos democráticamente legitimados, quienes a la hora de tomar sus decisiones están obligados a respetar el bien común. Por eso es importante que los ciudadanos y los movimientos participen lo antes posible y de modo activo en la preparación de las decisiones estatales, sobre todo a nivel de planificación. En varias leyes alemanas, como por ejemplo la Ley Federal de Ordenación Urbanística, está prevista esa participación ciudadana.

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